Presto seguirá abierto durante su liquidación judicial

Los restaurantes de Presto en Colombia continuarán abiertos hasta nueva orden de la liquidadora, después de que la Superintendencia de Sociedades dispusiera la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., sociedad titular de la marca. La continuidad fue comunicada a clientes, trabajadores, proveedores y franquiciados, mientras se busca una alternativa para conservar la actividad comercial.

Operación abierta, pero sin garantía de continuidad definitiva

Según informó Noticias RCN el 17 de octubre de 2026, la compañía aclaró que los establecimientos seguirán atendiendo con normalidad hasta que la liquidadora designada, Mónica Alexandra Macías Sánchez, determine lo contrario. Por ahora, no se ha establecido una fecha definitiva de cierre.

La precisión es relevante para la comunidad de franquicias en Colombia: la apertura del proceso judicial no equivale a una orden de cierre inmediato de todos los restaurantes. Sin embargo, tampoco supone que su funcionamiento esté asegurado de manera permanente. La continuidad dependerá de las decisiones adoptadas durante el trámite y de las alternativas que resulten viables.

La liquidadora explicó que mantener las actividades comerciales puede contribuir a proteger los intereses de los acreedores. La búsqueda de un comprador forma parte de las opciones para preservar la operación, pero esa salida no está garantizada: requiere una propuesta viable que permita mantener los establecimientos en funcionamiento.

De la reorganización a la liquidación

La decisión quedó consignada en el auto 2026-01-747813, expedido el 13 de octubre de 2026, según la información publicada por La FM. Con esa actuación, la Superintendencia dio por terminado el acuerdo de reorganización de Franquicias y Concesiones S.A.S. y abrió una etapa distinta para la sociedad.

La empresa había sido admitida a reorganización el 13 de julio de 2023. Ese mecanismo buscaba permitirle atender sus obligaciones financieras y continuar operando mediante un acuerdo con sus acreedores, bajo las disposiciones de la Ley 1116 de 2006.

El 30 de abril de 2026, la Superintendencia confirmó un acuerdo que contemplaba el pago de cerca de 31.000 millones de pesos durante seis años. No obstante, meses después reaparecieron dificultades que comprometían la capacidad de la compañía para mantenerse como negocio en marcha.

Entre los factores señalados figuran la disminución del flujo de caja, los retrasos en el pago de gastos de administración y el incumplimiento de obligaciones posteriores a la confirmación del acuerdo. El 30 de septiembre de 2026, la apoderada de la sociedad presentó la solicitud de liquidación, tras una decisión del máximo órgano social de la empresa.

Qué cambia en la administración de la compañía

La liquidación introduce medidas sobre el patrimonio y la gestión de Franquicias y Concesiones S.A.S. De acuerdo con lo reportado por Portafolio, la Superintendencia dispuso el cese de funciones de sus administradores y designó a Macías Sánchez para gestionar el patrimonio y adelantar las actuaciones del procedimiento.

La autoridad también ordenó el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad que puedan ser objeto de esas medidas. Según La FM, quedó restringida la disposición de activos sin autorización del juez del proceso.

Entre las responsabilidades de la liquidadora están administrar los activos, establecer las obligaciones pendientes y desarrollar el trámite de liquidación. En paralelo, busca vender la empresa con el propósito de preservar la operación de los restaurantes.

Son dos aspectos del mismo proceso: la atención al público continúa bajo la instrucción anunciada, mientras la sociedad avanza en un procedimiento judicial orientado a gestionar su patrimonio y atender los compromisos con sus acreedores.

Un plazo clave para quienes tengan acreencias

Según el detalle del auto divulgado por La FM, los acreedores dispondrán de 20 días contados desde la desfijación del aviso de apertura de la liquidación judicial para presentar sus reclamaciones. El punto de partida del plazo, por tanto, no es simplemente la fecha de publicación de la noticia.

Para proveedores, franquiciados u otros terceros que tengan créditos frente a la sociedad, resulta importante distinguir entre la continuidad comercial de los restaurantes y las actuaciones necesarias dentro del expediente. Que los puntos sigan abiertos no elimina el trámite de reclamación de las obligaciones pendientes.

Conclusión práctica: quienes tengan relaciones comerciales con Franquicias y Concesiones S.A.S. deben seguir las comunicaciones de la liquidadora y verificar el aviso judicial y sus plazos. Para los clientes, la instrucción vigente es que Presto continúa atendiendo hasta nueva orden.