Franquicias en Colombia: qué protección legal existe

Antes de comprar una franquicia en Colombia, conviene comprobar qué significa cada afirmación sobre su protección legal. Una marca puede presentar un documento como «obligatorio por ley» o un registro como garantía de seguridad, sin que tengan ese alcance. En la comunidad de franquicias, distinguir normas vigentes, propuestas regulatorias y compromisos voluntarios permite negociar con mejores criterios y evitar una falsa sensación de respaldo.

1. Entienda qué implica un contrato atípico

En Colombia, el contrato de franquicia es atípico: no tiene una regulación legal específica e integral. El Ministerio de Justicia explica que se rige por lo acordado entre las partes y por las normas aplicables a los contratos comerciales. Esto no significa que opere por fuera de la ley ni que cualquier cláusula sea válida.

El Código de Comercio establece reglas generales sobre obligaciones, contratos y buena fe en la etapa precontractual y durante la ejecución. El Código Civil también resulta aplicable conforme a las reglas de remisión correspondientes. Para los derechos de propiedad industrial, incluida la marca, es relevante la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Según la operación, también pueden intervenir normas laborales, tributarias, de competencia, protección de datos y protección al consumidor. Sin embargo, no debe suponerse que quien compra una franquicia tiene automáticamente la condición de consumidor: la adquisición está normalmente vinculada al desarrollo de una actividad empresarial y requiere un análisis jurídico concreto.

La consecuencia práctica es doble: el contrato merece una revisión cuidadosa, pero no constituye su única protección. Las normas imperativas y los deberes generales de conducta siguen siendo relevantes aunque el documento no los reproduzca.

2. No confunda un proyecto con una obligación vigente

Una publicación en una página oficial puede ser un proyecto sometido a comentarios y no una norma exigible. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó en 2021 un proyecto sobre franquicias que contemplaba una Circular de Oferta de Franquicia y su entrega con veinte días hábiles de antelación al contrato o al primer pago.

Ese texto, por su condición de proyecto, no acredita una obligación vigente. No debe utilizarse para asegurar que existe un plazo legal general de veinte días para toda compra de franquicia en Colombia.

Tampoco debe presentarse la Ley 1429 de 2010 como una ley específica de franquicias: su objeto es la formalización y generación de empleo.

Cuando alguien invoque una protección legal, solicite tres precisiones:

• El número y la fecha de la norma que supuestamente la establece.
• El artículo concreto y su ámbito de aplicación.
• La confirmación de su vigencia, diferenciándolo de borradores, comentarios y propuestas.

Pida a su abogado comprobar esas referencias. Una explicación comercial convincente no sustituye la identificación de la norma aplicable.

3. Separe registros empresariales de garantías de inversión

La matrícula mercantil permite verificar aspectos de la existencia y actividad del empresario. No certifica la rentabilidad de una franquicia ni equivale a una aprobación estatal del modelo de negocio.

No existe un registro general obligatorio de contratos de franquicia ante las cámaras de comercio que haga públicos todos esos contratos para posibles compradores. Tampoco debe confundirse la matrícula del empresario con un supuesto registro especial como franquiciante.

Esto no elimina otros trámites que puedan corresponder. Por ejemplo, la Decisión 486 contempla la inscripción de licencias de marca para que surtan efectos frente a terceros. Esa cuestión es distinta de registrar la franquicia como negocio y debe revisarse según la estructura contractual.

Ante expresiones como «franquicia registrada» o «modelo certificado», pregunte qué se registró, ante quién y con qué efecto jurídico. Un sello privado puede acreditar el cumplimiento de determinados criterios, pero no reemplaza la evaluación jurídica ni garantiza la recuperación del dinero invertido.

4. Convierta las protecciones voluntarias en compromisos claros

Colombia no cuenta con un régimen general específico de divulgación precontractual de franquicias equivalente a una circular obligatoria con contenido y plazo uniformes. Eso no elimina los deberes de buena fe durante la negociación ni permite engañar al comprador.

Si la marca ofrece voluntariamente un periodo de revisión, una declaración de información o la adhesión a un código de conducta, determine su alcance. Pregunte quién queda obligado, qué procedimiento permite exigir su cumplimiento y si el compromiso se incorpora al contrato.

Puede negociar que no se exija firmar ni pagar hasta terminar un plazo de revisión acordado. También conviene conservar las versiones recibidas y las comunicaciones comerciales: documentar la negociación ayuda a establecer qué se ofreció, sin garantizar por sí solo el resultado de una eventual reclamación.

Conclusión práctica: antes de confiar en una supuesta protección, clasifíquela como norma vigente, compromiso contractual o práctica voluntaria. Si nadie puede explicar su fundamento y cómo se exige, no la trate como una garantía para invertir.